El Régimen del Beneficio de Fraccionamiento de multa permite dividir el monto total de la sanción económica en cuotas.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual, a través de la Resolución N° 000085-25-GEG/INDECOPI, busca facilitar el cumplimiento voluntario y efectivo del pago de las multas. Este nuevo reglamento deroga la normativa anterior presente en la Resolución 180-2019/COD.
¿Cómo funciona el fraccionamiento?
Según el reglamento, los solicitantes, personas naturales o jurídicas, sancionadas con multas impuestas por Indecopi, ya sea en procesos administrativos o sancionadores, deben cumplir ciertos requisitos:
- Presentar la solicitud de fraccionamiento ante la Oficina de Administración y Finanzas de Indecopi.
- Demostrar, en algunos casos, que la situación financiera del solicitante justifica la necesidad del fraccionamiento.
- No se puede solicitar el fraccionamiento más de una vez en el mismo proceso, salvo que exista una resolución que autorice expresamente la reaplicación o reingreso, en cuyo caso sería procedente presentar la solicitud nuevamente.
- La autoridad competente emite una resolución que aprueba o deniega la solicitud, indicando las condiciones, plazos y cuotas para el pago.
- La finalización del fraccionamiento puede ocurrir si el solicitante incumple con los pagos, o si decide reembolsar la totalidad del monto pendiente.
¿Qué funciones cumple Indecopi?
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual (Indecopi) es un organismo público especializado y adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, cuenta con personería jurídica de derecho público interno, goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. Además, para el cumplimiento de sus funciones, Indecopi se encuentra facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas por ley.
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